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Abril 01, 2008

Artículo de Emilio Fernández Marrero

Uno de nuestros habituales compañeros en este blog, Emilio Fernández Marrero, me ha enviado un artículo que ha publicado en Canarias Ahora, que incluyo a continuación para que lo comentéis.

EDUCACION, ORAMAS e INVESTIDURA
Emilio Fernández Marrero

Los portavoces de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados han mostrado, todos y siempre, su profunda ignorancia de la situación en nuestros centros educativos y su desinterés por la Educación en España.
Con la constructiva intención de que doña Ana Oramas no nos avergüence como han hecho sus predecesores sino que por el contrario muestre más valor que ningún diputado de ningún partido hasta ahora, le traslado la siguiente chuleta o borrador con la esperanza y el ruego de que utilice su contenido en el próximo debate de investidura. Ahí va, sin más.

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“Pasemos, señorías, a hablar de EDUCACIÓN. Y más concretamente, de las enseñanzas entre los 6 y los 16 años: Primaria y Secundaria.
Para favorecer el máximo consenso evitaré cualquier tipo de reproches.
Me limitaré a constatar hechos.

Nos enfrentamos a una situación penosa: nuestro sistema está logrando la cuasi analfabetización funcional de millones de niños y jóvenes en todas las regiones españolas sin excepción. No es el profesorado el responsable de esta tragedia social. El profesorado, los alumnos, los padres y la sociedad entera están siendo víctimas de una normativa disparatada y suicida.

Los resultados de la Enseñanza Secundaria Obligatoria desnudan tanto los errores en la enseñanza primaria como su agravamiento durante la ESO.
El problema, señorías, no es sólo el inaceptable porcentaje de adolescentes que abandonan la ESO sin obtener esta graduación. Ese porcentaje, de por sí alarmante, maquilla una realidad aún mucho más escalofriante. Porque sucede que de entre aquellos alumnos que sí titulan, ¡escasamente un 15% ha asimilado los “saberes” que el Plan de Estudios prevé para esta etapa educativa! Para quien considere aventurada esta aseveración, mi reto es sencillo: hágase -a efectos de constatación- un examen de Reválida en un muestreo de centros y júzguese en consecuencia. Hablo de unas pruebas de Reválida efectuadas con seriedad y control: con exámenes que no sean “desinflados en su nivel de exigencia” e “inflados en sus calificaciones”.

Sin perjuicio de la futura propuesta de reformas de mayor calado, me limito hoy por limitación de tiempo a sintetizar nuestra postura en tres trazos:

Primero

a) Ningún sistema educativo puede alcanzar sus objetivos si las instrucciones del profesor en el aula no son obedecidas.

b) La obediencia a las instrucciones de los profesores exige que éstos estén dotados de autoridad.

c) Podemos cacarear mucho sobre la necesidad de reforzar la autoridad del profesorado pero esa autoridad será papel mojado si el sistema no prevé sanciones disuasorias inmediatas y proporcionadas ante la desobediencia y mal comportamiento de algunos alumnos en las aulas y en los centros.

Segundo

a) En los casos especialmente graves, bien por su naturaleza (por ejemplo, insultos, amenazas o agresión a miembros de la comunidad educativa) bien por su inadmisible reiteración, la sanción no debe ser otra que la expulsión del centro y la continuidad de los estudios en centros con características específicas, profesorado especializado, personal de seguridad acorde con la conflictividad de estos jóvenes y, en el caso de la ES, adecuaciones curriculares.

b) Estos centros alternativos no sólo optimizarán las posibilidades de reeducación de estos alumnos sino que garantizarán el correcto funcionamiento y labor educativa de los centros ordinarios.

c) Quede muy claro que estos centros de reeducación no sólo urgen para acoger aquellos alumnos hiper-conflictivos de entre 12 y 16 años que cursen la ES sino que también serán necesarios (aunque en menor medida y número y en casos excepcionales) para algunos alumnos de Primaria. Digo “en menor medida y número” pero también “con mayor motivo”.
Recalco: “Con mayor motivo en Primaria”.
En efecto: tenemos, nuestro Estado tiene, la obligación de poner todos los medios para que todos los niños de este país, al llegar a los 12 años y aún antes, no sólo sepan leer y escribir bien sino que hayan adquirido una base cultural aceptable. Y por tanto, tenemos la obligación de remover todos los obstáculos que saboteen esta meta moralmente inexcusable. Los fracasos relativos que se produzcan en modo alguno deberán ser fruto de los melindres que nosotros, que el Estado, se auto-imponga a la hora de garantizar la autoridad, la ordenada libertad y la alegre y confiada convivencia sin coacciones en los centros.

Tercero

a) La obligatoriedad para todos los alumnos entre los 12 y los 16 años de cursar exactamente los mismos estudios se ha revelado como un gravísimo error.
Es preciso abrir el abanico de posibilidades tras la conclusión de la enseñanza primaria, tanto con vistas a aquellos alumnos que voluntariamente prefieran adquirir una formación profesional directamente tras la Primaria, como para garantizar la adecuada formación a aquellos otros jóvenes que, realizada la prueba de ingreso a la Enseñanza Secundaria, evidencien su incapacidad de asimilar los contenidos de esta etapa en la que estarían condenados a perder estérilmente unos preciosos años de su vida.

b) Por otra parte, la propia existencia de esta prueba de Ingreso a la Enseñanza Secundaria será un acicate añadido para los alumnos de primaria y para la corresponsabilización de muchos padres en el estudio y tareas extraescolares de sus hijos y en su propio comportamiento en las clases. Justamente lo contrario de lo que ha venido ocurriendo: aprobándolos a todos (hagan lo que hagan) no se ha favorecido el ambiente laborioso en las clases ni la cooperación de los padres ni, en último término, una formación adecuada de niños y adolescentes.

Cuarto

Señorías: la actual situación de catástrofe educativa no nos deja otra opción ni resquicio que el fulminante cumplimiento de nuestro deber por encima de cualquier otra consideración ni cautela. No conjeturemos “a priori” sobre la mayor o menor impopularidad de las medidas a adoptar. Todo puede razonarse. Además, no infravaloremos la inteligencia de nuestros conciudadanos en un momento en que todas las evidencias (el informe PISA, que se queda corto y es excesivamente diplomático es una más, sólo una más) todas las evidencias, repito, apuntan a que en nuestro país se está produciendo una descomunal estafa educativa que debe revertirse con carácter inmediato.
Cuenten, señorías, en esa línea de cambios drásticos y expeditivos, con el más leal apoyo de mi grupo.

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-Paso, señorías, a referirme, a otro asunto. Canarias, como saben, …